La Comisión de Presupuesto firmó el dictamen para el tratamiento de la ampliación del Presupuesto 2026, de cual participaron la presidente, Waldo Wolff; y los vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, Claudia Neira y Nicolás Pakgojz. También fueron parte los legisladores Matías Barroetaveña, María Bielli, Francisco Caporiccio, Pablo Donati, Emmanuel Ferrario, Matías Lammens, Matías López, Francisco Loupias, Juan Pablo Modarelli, Sebastián Nagata, Ignacio Parera, Solana Pelayo, María del Pilar Ramírez, Sergio Siciliano, Diego Vartabedian y Manuela Thourte.

El proyecto prevé una modificación del presupuesto para el ejercicio de este año, que fue aprobado en noviembre del año pasado por el Cuerpo Legislativo. Las modificaciones que se promueve se encuadran en lo dispuesto por el Artículo N°63 de la Ley N°70, por lo que es necesaria la autorización de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En su texto, la iniciativa argumenta: “El proyecto de ley tiene por objeto adecuar las previsiones presupuestarias a la evolución y proyección de las principales variables macroeconómicas, en particular la dinámica inflacionaria, que, en conjunto, han superado la expectativa original y las estimaciones consideradas al momento de la sanción del presupuesto vigente”.

Además, la Comisión de Presupuesto trató la modificación de la Ley 6927 y su modificatoria Ley 6942. El mismo contempla dichas cambios, con el fin de actualizar los parámetros y alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, se contempla la adecuación de los umbrales de facturación para diferentes sectores y el establecimiento de nuevas alícuotas progresivas según los ingresos anuales, ajustando los valores a la evolución nominal de la economía.

Entre los principales cambios, el texto eleva a $10.000 el monto mínimo de deuda tributaria que no será considerado impedimento en trámites administrativos o solicitudes de facilidades de pago. Con el fin de simplificar los procedimientos y reducir trabas derivadas de deudas de baja cuantía para comerciantes, PyMEs y contribuyentes.

El proyecto apunta a evitar que la inflación genere aumentos indirectos en la carga tributaria y a mantener la equidad y neutralidad fiscal. Además, establece la actualización obligatoria de planillas de actividades y ratifica la vigencia de la ley a partir del primer día hábil tras su publicación.