En un contexto de profundo debate sobre el rol del Estado en materia de discapacidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue el escenario del primer Congreso Internacional “Discapacidad en la justicia: derechos y garantías”. El evento, organizado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura porteño, reunió a expertos para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades para garantizar la justicia accesible para todas las personas. A lo largo de la jornada, se abordaron temas clave como la educación inclusiva, la empleabilidad y la protección de derechos, promoviendo un valioso intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones eficaces. 

Durante la inauguración, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la CABA, Genoveva Ferrero, subrayó la importancia del congreso en un momento “muy crítico” para el país. “En Argentina se está atravesando un momento muy crítico en donde se está replanteando si el Estado debe o no intervenir en materia de discapacidad”, sostuvo Ferrero, quien destacó el cambio cultural logrado en el Poder Judicial gracias al trabajo del Observatorio. En la misma línea, el juez Lisandro Fastman resaltó la relevancia del encuentro para “poner el cuerpo y la escucha” y pasar de ser “parte del problema a ser parte de posibles soluciones” en un tema que, afirmó, es transversal a todos los fueros judiciales.

El congreso contó con la participación de figuras destacadas a nivel global como Jorge Araya, secretario del Comité sobre Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, quien hizo hincapié en la importancia de eliminar las barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos. Araya señaló la necesidad de ir más allá de la accesibilidad física de los edificios judiciales, instando a los Estados a avanzar en la accesibilidad de la documentación y la jerga judicial, que a menudo resulta incomprensible. 

Además, el evento incluyó la ponencia de la primera maestra titular con síndrome de Down del país, Noelia Garella, y la participación de otros especialistas y legisladores que enriquecieron el debate sobre la importancia de garantizar la asesoría legal y la implementación de políticas públicas efectivas.