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Legislatura Martes, 16 de Septiembre de 2025  
Nueva jornada de debate en comisión para avanzar con el servicio penitenciario
El proyecto de Ley continúa trabajándose y comenzó el abordaje del órgano de aplicación de la ejecución de la pena.

Las comisiones de Justicia, Legislación del Trabajo, Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña se reunieron para avanzar en la creación de un sistema penitenciario propio para la Ciudad de Buenos Aires. El debate principal se centró en la definición del organismo que ejecutará las penas, con una propuesta del Poder Ejecutivo para crear una Agencia de Reintegración Social. Esta agencia buscaría articular las funciones de seguridad con las de reinserción de las personas privadas de su libertad, marcando una diferencia con el modelo penitenciario tradicional.

Durante la exposición, el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperin, describió la problemática actual, donde la Ciudad debe manejar una población carcelaria que supera su capacidad y medios. Con más de 2500 personas detenidas en comisarías federales, y otras 1000 bajo su responsabilidad directa, el sistema se encuentra en una situación de emergencia que ha obligado a formar a personal policial para tareas penitenciarias de manera transitoria. Por ello, la propuesta de la Agencia plantea un diseño innovador, con un Cuerpo de Seguridad Penitenciario enfocado en la custodia y un Equipo Civil y Profesional integrado por especialistas que se encargarían de la reintegración social de los detenidos.

Halperin subrayó que la propuesta busca un enfoque distinto, donde la ejecución de la pena no solo castigue, sino que también ofrezca herramientas para que las personas puedan reintegrarse a la sociedad de forma no conflictiva. El funcionario destacó que es crucial separar las funciones de seguridad de las de reinserción, ya que "es difícil que las mismas personas que aplican control [...] se ocupen también de la formación y las herramientas para la reintegración". La Agencia, que estaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia, también buscaría garantizar los derechos de las víctimas y seguiría los estándares internacionales en su diseño y operación. Los legisladores continuarán analizando las diversas iniciativas presentadas para consensuar un texto definitivo.


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Cortesia de Investing.com


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