En un contexto de tensiones laborales y económicas, la Justicia de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida precautelar que suspende parcialmente la obligación de utilizar un sistema de control de presentismo mediante reconocimiento facial para los empleados públicos que trabajan en el edificio Lezama. La decisión judicial responde a una demanda que cuestiona la legalidad e inconstitucionalidad de exigir la revalidación y entrega de datos biométricos faciales para controlar la asistencia laboral, otorgando así una vía alternativa para evitar perjuicios en el registro de los trabajadores. 

El litigio surgió en septiembre de 2025 cuando se informó el reemplazo del sistema de huella digital por uno basado en reconocimiento facial para el acceso y control de empleados estatales, generando conflictos por fallas en la nueva tecnología que provocaron registros erróneos de inasistencia. 

La jueza Patricia Graciela López Vergara entendió relevante suspender dicha obligatoriedad hasta resolver el fondo del asunto, destacando el peligro de daños para los trabajadores que no consienten este mecanismo. Este fallo abre la posibilidad de ampliar la suspensión a otros sectores estatales, definiendo un importante hito en la regulación del uso de datos biométricos en el ámbito público porteño.