Luego de casi 5 años de iniciada una demanda colectiva, la Justicia porteña declaró la nulidad del Código de Edificación de la Ciudad, que se votó en 2018 y entró en vigencia en 2019. El fallo de la jueza Elena Liberatori es a favor de los reclamos de las personas en situación de discapacidad y se refiere a las leyes 6.100 y 6.438, de 2021. 

Y lo que objeta son falencias en el proceso de consulta ciudadana previo a la sanción de las leyes. Desde el Gobierno porteño aclararon que, al ser un fallo de primera instancia, las regulaciones siguen vigentes. Y aclararon que apelarán la decisión.

La demanda fue iniciada en 2019 por Eduardo Joly -presidente de Fundación Rumbos-, por considerar que los derechos de participación ciudadana habían sido violados durante el procedimiento de doble lectura requerido para modificar el Código de Edificación. Según entendió Liberatori, "no se dio cabal cumplimiento a la Ley de Audiencias Públicas, a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Al respecto, la jueza observó que “lo que ha ocurrido en el proceso legislativo es lo contrario a lo que establece la Convención, dado que la audiencia pública devino en un mero trámite formal a causa de que los legisladores no dieron ninguna respuesta satisfactoria a los planteos sustanciales formulados por los actores. Por lo tanto, son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima”.

En un comunicado difundido a los medios, desde Rumbos destacaron que "la amplitud de este fallo, ya que su resultado no se limita al colectivo de personas en situación de discapacidad, sino que enriquece a toda la sociedad, en sintonía con el principio sostenido por las organizaciones de personas con discapacidad sumadas en la demanda: Incluirnos en las luchas para luchar por nuestra inclusión”.