El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tiene la decisión tomada. Sabe que irán a un conflicto político y judicial. Pero a pesar de eso entienden que deben hacerlo por una cuestión de autonomía y decisión política. Es la creación de una Justicia del trabajo propia que se sumará a los tribunales penales y contenciosos que ya tiene CABA.

La decisión implica quitarle competencias a la Justicia nacional del trabajo y un inevitable choque con esos tribunales. Pero también con la Justicia nacional en su conjunto, que resiste ser transferida al ámbito porteño. Así lo expuso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la propia Cámara del Trabajo en las últimas semanas cuando el gobierno de Javier Milei incluyó en su proyecto de Ley Ómnibus un artículo que instruía al Poder Ejecutivo a firmar todos los acuerdos para traspasar a la Ciudad en un plazo de tres años la Justicia nacional. Finalmente, el artículo se quitó y la discusión quedará para las sesiones ordinarias del Congreso.

Así, el Gobierno porteño irá por la creación de su propia Justicia laboral. La idea es compartir la jurisdicción con la Justicia nacional. Así, la Ciudad tendría potestad para conflictos individuales, como por ejemplo el despido de un empleado. Y la nacional del trabajo para los reclamos colectivos, como los que pueden hacer un gremio en su conjunto o cuando se planteen reclamos contra la ley de asociaciones sindicales. También el reclamo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno que la Confederación General del Trabajo (CGT) planteó contra sus reformas laborales tramitaría en la justicia nacional.