El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, pidió que el tratamiento de la Ley Ómnibus se postergue hasta el inicio de las sesiones ordinarias y señaló que la "intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica".

Además, evaluó que «el corto debate y la opinión de asociaciones e interesados ha evidenciado inconsistencias y errores, algunos corregidos en el dictamen aprobado en el plenario de Comisiones» y planteó que "sería deseable que el debate en el recinto se concentre en aquellos aspectos indispensables y urgentes del proyecto, postergando para las sesiones ordinarias aquellos asuntos que requieren mayor debate parlamentario".

Entre esos puntos, señaló a los referidos a cuerpos normativos fundamentales, en los que, dijo, es "necesario mantener coherencia interna", como el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación. Al respecto, Gil Lavedra indicó que "la inclusión de los divorcios administrativos resulta asistemática y pone en riesgo los derechos de la parte más vulnerable de la relación" y remarcó que «el legislador ha establecido que el divorcio comprende, de manera inescindible, no sólo la ruptura del vínculo sino también otras cuestiones ineludibles (patrimoniales, régimen de los hijos, compensaciones, etc)", por lo que "no puede iniciarse demanda de divorcio sin una propuesta integral que comprenda todos esos aspectos".