Autoridades del Gobierno porteño fueron denunciadas penalmente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por “violación de secreto” tras la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, quien en un expediente de 31 páginas, resolvió realizar la denuncia por hechos que se encuadran dentro de la “acción pública prevista en el artículo 157” del Código Penal.

Dicho artículo contempla penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

El pasado viernes, tras el sorteo de la causa, se conoció que será el Juzgado Federal y Correcional N° 3 el encargado de investigar los hechos.