La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dé cumplimiento a una serie de medidas para garantizar la protección de los inmuebles construidos antes de 1941, e instó a realizar un relevamiento del valor patrimonial de esas edificaciones que, de acuerdo a estimaciones oficiales, ascienden a unas 134.000.

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 10, a cargo de Aurelio Ammirato, exigió también a las autoridades porteñas “abstenerse de autorizar demoliciones, reformas o ampliaciones” que alcancen a las construcciones contempladas en la medida establecida.

El dictamen dio lugar parcialmente a un amparo presentado en 2011 por distintas organizaciones que trabajan en la defensa del patrimonio histórico urbano, entre ellas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y SOS Caballito, con el patrocinio de Jonatan Baldiviezo y María Carmen Usandivaras.

El fallo judicial ordenó al Gobierno porteño “completar el catálogo definitivo con el relevamiento de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados dentro del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”.