Luego de la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reactivará la importación de 60 pistolas Taser que llevaba dos años trabada. Esto le permitirá, además, poner en práctica el plan previsto para el uso de estas armas electrónicas de inmovilización y menor letalidad. 

La mitad será destinada a agentes especialmente entrenados para actuar en contextos de grandes aglomeraciones de público, como terminales y estaciones de subte y paradas de transporte público. El resto será distribuido entre las 15 comunas, cada una de las cuales tendrá dos “móviles Taser” para situaciones coyunturales, para detener a personas exaltadas o enajenadas, o cuando haya terceros en peligro.

Esta distribución de los 60 dispositivos fue prevista en el plan de uso de pistolas Taser diseñado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que actualmente está de licencia, en tanto la Justicia investiga una trama de escuchas telefónicas que lo involucran. En el caso de las armas dotadas a los policías que realizan tareas en estaciones de tren y de subte –como la oficial Maribel Zalazar, asesinada de un tiro el mes pasado en la cabecera Retiro de la línea C por un pasajero supuestamente enajenado– se previó que las Taser son más útiles para controlar una situación de crisis de una persona con problemas psiquiátricos o de toma de rehenes en un ambiente cerrado y con gran concentración de gente.

En tanto, los “móviles Taser” serán comisionados ante situaciones de crisis en las que un policía deba reducir a una persona que sufre un brote de violencia productor de una patología psiquiátrica o ante un episodio de toma de rehenes. Su intervención será canalizada a través de un operador de la central de emergencias 911.