El 1° de febrero termina la feria judicial de verano en los tribunales y se avecina el comienzo de una batalla campal ante la Corte Suprema de Justicia por los 1100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la Ciudad. 

La Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos los jueces de la Corte y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar, mientras el gobierno porteño analiza nuevas presentaciones para cobrar y no descarta pedir a la Corte el embargo de las cuentas nacionales.

En la Procuración del Tesoro de la Ciudad, por su parte, se prepara otra artillería. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya trató de que la Corte forzara la ejecución de la sentencia antes de fin de año. Se conformó con presentar dos escritos donde denunciaba el incumplimiento del gobierno nacional que no pagó. Ahora analiza si corresponde seguir denunciando el incumplimiento, pero además ir un poco más allá, con un pedido de embargo sobre las cuentas nacionales.