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Colectivo trans Lunes, 2 de Diciembre de 2019  
Intimaron al Gobierno porteño por incumplimiento
La justicia ordenó realizar un relevamiento del colectivo trans, el diseño de un plan de empleo y el otorgamiento a quienes lo peticionen.

El titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevar a cabo un relevamiento de las personas que conforman el colectivo trans; diseñar un plan de política pública de empleo dirigido a tal colectivo; y otorgar a las personas de la población trans, que así lo peticionen, un subsidio monetario mediante la inclusión en alguno de los programas existentes, cuyas cuotas deberán ser suficientes para cubrir el valor íntegro de una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, asistiéndolas en caso de ser necesario en la búsqueda de alojamiento.

El magistrado señaló, con respecto a la normativa internacional, que la declaración de Principios de Yogyakarta establece específicamente en su Principio 15º: "el derecho a una vivienda adecuada que implique la protección contra el desalojo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género". En ese sentido, es que "obliga al Estado a asegurar el acceso a una vivienda habitable, accesible, apropiada y segura, mediante programas sociales y de apoyo que palíen la vulnerabilidad relacionada con los factores vinculados a la orientación sexual y a la identidad de género, a la carencia de hogar, a la exclusión social, a la violencia doméstica y de otra índole, a la discriminación, a la falta de independencia financiera y al rechazo por parte de familias o comunidades culturales".

Gallardo analizó además que "el grupo de personas trans se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad social, por cuanto no tienen garantizada condiciones dignas de vivienda, no logran acceder al mercado formal de trabajo, deben ejercer la prostitución como única fuente de ingresos, poseen baja expectativa de vida ─ aproximadamente 45 años de edad ─, padecen discriminación por su identidad de género, no logran acceder a las propuestas habitacionales debido a la mencionada discriminación y por último, las respuestas por parte del Estado son insuficientes a fin de subvertir su situación socioeconómica".

 


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